La polémica sobre la enseñanza del creacionismo frente a la teoría de la evolución plantea un debate fundamental sobre el papel de la ciencia y la educación en una sociedad democrática. Aunque los padres tienen derecho a participar en la educación de sus hijos y a transmitirles sus valores y creencias, este derecho no puede situarse por encima del conocimiento científico en la escuela pública. La función principal de la educación es ofrecer a los estudiantes una formación basada en hechos comprobables y en el método científico, no en opiniones o creencias religiosas.
Las palabras del exministro Mayor Oreja resultan problemáticas porque sugieren que el creacionismo está ganando terreno en la comunidad científica, algo que no se corresponde con la realidad. La teoría de la evolución de Darwin sigue siendo uno de los pilares de la biología moderna y está respaldada por numerosas pruebas científicas. Presentar el creacionismo como una alternativa científica supone confundir fe y ciencia, dos ámbitos distintos que no deben mezclarse en el ámbito educativo.
Quienes defienden la creación como explicación del origen del ser humano tienen derecho a mantener esa creencia en el ámbito personal o religioso. Sin embargo, convertir esa creencia en contenido escolar obligatorio sería un retroceso para el pensamiento crítico y para el progreso científico. Por ello, la escuela pública debe garantizar una enseñanza basada en el conocimiento científico, respetando las creencias individuales, pero sin renunciar a la razón y a la evidencia como fundamentos.
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