La polémica creada por lo que ha dicho Mayor Oreja refleja un debate que, en realidad, parecía ya superado en sociedades democráticas y científicamente avanzadas. En la educación pública, los padres tienen derecho a transmitir valores y creencias a sus hijos, pero ese derecho no puede situarse por encima del interés general ni del conocimiento científico consensuado. La escuela pública no está para reforzar creencias particulares, sino para garantizar una formación basada en la razón, la evidencia y el pensamiento crítico.
La teoría de la evolución de Darwin no es una “opinión más”, sino uno de los pilares fundamentales de la biología moderna, avalada por más de un siglo de investigación científica. Igualarlo al creacionismo o sugerir que este último se está imponiendo en la comunidad científica es, sencillamente, falso y profundamente irresponsable. Ese tipo de discursos confunden a la ciudadanía y contribuyen a desprestigiar la ciencia.
Quienes proponen el creacionismo como explicación del origen humano están en su derecho de creerlo en el ámbito personal o religioso, pero no de exigir que se enseñe como alternativa científica. Desde una posición progresista y de izquierdas, defender la educación pública implica defender una enseñanza laica, inclusiva y basada en el conocimiento científico, no en dogmas. Retroceder en este terreno sería abrir la puerta al oscurantismo y poner en riesgo la formación crítica de las futuras generaciones.
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