La polémica surgida a raíz de las declaraciones del exministro Mayor Oreja, afirmando que el creacionismo está ganando terreno en la comunidad científica frente a la teoría de la evolución, vuelve a abrir un debate clásico en la educación pública. Por un lado, los padres tienen el derecho de orientar la educación moral y religiosa de sus hijos, tal como reconoce la Constitución. Sin embargo, por otro lado, la escuela pública tiene la obligación de garantizar una formación basada en conocimientos científicos y verificables, no en creencias particulares. Por ello, si bien es legítimo que las familias transmitan sus valores, no pueden exigir que se sustituya contenido científico por doctrinas religiosas en las aulas.
Las palabras del exministro no se ajustan al consenso científico, ya que la evolución continúa siendo la base de la biología moderna y está respaldada por una abrumadora evidencia empírica. No existe un movimiento científico de relevancia que apoye el creacionismo como teoría alternativa. Quienes defienden el creacionismo como explicación del origen humano lo hacen desde una perspectiva religiosa, respetable en su ámbito espiritual, pero incompatible con el método científico. La enseñanza debe distinguir claramente entre ciencia y creencia, y ofrecer a los estudiantes una formación que les permita comprender el mundo con rigor. Mezclar ambos planos puede generar confusión y limitar la capacidad crítica de los alumnos. En definitiva, la escuela debe enseñar ciencia, mientras que las creencias personales pertenecen al ámbito familiar y privado.
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